Han emprendido una acción legal conjunta contra
20 universidades por haberles creado falsas expectativas laborales con
datos engañosos
A Cory Bennett, licenciada en derecho por la
University of San Francisco School of Law, nunca se le pasó por la cabeza
que, tras las muchas horas invertidas en prepararse para ejercer de futura
abogada y los más de 150.000 dólares invertidos en la carrera, acabaría
aterrizando en Macy’s, con un sueldo de menos de diez dólares la hora.
Su historia es parecida a la de miles de
licenciados de Derecho en las universidades de Estados Unidos que cada año
apuestan por estudiar leyes en facultades de gran prestigio. Estas atraen a
sus clientes barajando datos muy atractivos de empleabilidad, con cifras de
hasta por encima del noventa por ciento en cuanto al número de graduados
que han conseguido integrarse en el mercado de trabajo. Un espejismo que en
muchos casos contrasta con la dura realidad de un mercado saturado de
abogados y la fuerte competencia de internet.
Los recién licenciados, tras meses de infructuosa búsqueda de
trabajo en su campo de especialidad, se ven obligados a tener que aceptar
el primer empleo que encuentran en restaurantes, tiendas o lo que sale al
paso. Intentan, entre otras cosas, hacer frente
a los costosos préstamos que han de devolver a los bancos que han
financiado sus estudios, muchas veces por valor de más de 100.000 dólares.
“Doblar camisas en Macy’s es el destino para
muchos”, asegura el abogado J.R Parker, representante de varios afectados
en California. Cómo van a lograr devolver los préstamos con sueldos de
hasta menos de 10 dólares a la hora es la pregunta que ronda en la cabeza
de muchos.
La situación se ha hecho tan insostenible que
estudiantes de más de veinte universidades de Estados Unidos han emprendido
una acción judicial conjunta contra sus facultades. Entienden, en palabras
del equipo de abogados Strauss y Anziska que lleva el caso, que “las
escuelas han violado las leyes de protección del consumidor de los estados
en los que operan, ofreciendo datos engañosos sobre los porcentajes de
estudiantes que encontraron trabajo tras graduarse. Los demandantes alegan
que sus centros conocían que esas cifras no eran reales, pero las
mantuvieron para atraer a más estudiantes. De haber conocido la realidad,
muchos aspirantes no se habrían matriculado”.
“Doblar camisas en Macy’s es el destino para muchos”
En California, donde las leyes de consumo son
más estrictas que en otros estados, se han admitido las cinco demandas
presentadas contra
las universidades de
San Francisco’s Golden Gate University, Southwestern, San Diego’s Thomas
Jefferson, University of San Francisco y California Western School of Law. Estudiar en cada una de estas universidades
cuesta una media de 40.000 dólares al año.
Si prosperan las demandas se podría crear un
precedente, no solo para California, sino para el resto de los estados. Strauss
y Anziska explican que “el propósito es no solo compensar a los
demandantes, sino también cambiar la manera en que las facultades de
derecho operan, para que nadie sienta que le han engañado y han frustrado
sus expectativas de encontrar un trabajo acorde con sus estudios”.
Las estadísticas de empleabilidad que manejan
las universidades están basadas en los criterios de la American Bar
Association (ABA), la asociación americana de abogados. Si bien es cierto
que esos criterios se han modificado recientemente, tras la demanda
presentada por las universidades. El cambio significa que las cifras de
empleabilidad son ahora menos atractivas que tiempo atrás.
Michael C. Sullivan, un abogado que representa
a las facultades, manifiesta que “las universidades publican los mismos
datos que son requeridos por la ABA, aunque debido a que las pautas de
actuación han cambiado, ahora los centros deben desglosar el número de
licenciados que han conseguido trabajo en su campo de especialización”.
Y la realidad es que cada vez resulta más
difícil para los licenciados en derecho obtener un trabajo. Servicios
online y avanzados programas de software suplen la contratación de
graduados en derecho con un menor coste y en menos tiempo. Un estudio
llevado a cabo en el 2011 entre los estudiantes de derecho arrojó el
resultado de que sólo el 55 por ciento de los graduados encontraron trabajo
en el campo de las leyes nueve meses después de graduarse. Y en el 2004
había 50.0000 empleos más que en el 2010.
La escasez de empleos se está traduciendo
también en la reducción de estudiantes en las facultades de derecho.
Algunos expertos creen que las universidades que ocupan las últimas
posiciones dentro del ranking de las mejores facultades de derecho corren
el riesgo de desaparecer y que, incluso las mejores, se van a ver obligadas
a reducir el número de alumnos por clase.
La polémica está servida y no ha hecho más que
empezar. Ahora habrá que esperar a ver que dictaminan los tribunales.
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